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El CFA constata el incumplimiento de la meta de Balance Estructural (BE) correspondiente al año 2025. El BE cerró en -3,6% del PIB, lo que representa un desvío de 2,5 puntos porcentuales (pp) respecto de la meta original  (-1,1% del PIB) y de 2,0 pp respecto de la meta vigente (-1,6% del PIB). Este resultado supera los desvíos registrados en 2023 y 2024, y es elevado en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios, evidenciando la profundización de los problemas de desajuste fiscal de los últimos tres años.

El desvío de la meta de BE de 2025 responde principalmente a errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos -especialmente tributarios no mineros-, a modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos, a la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo y a un ajuste de gasto adicional que resultó insuficiente durante el año, incluso superando el nivel de gasto comprometido al anunciarse la meta vigente de BE.

En este sentido, el Consejo ha señalado que cualquier revisión a la baja de los ingresos estructurales, en principio, debiese ser compensada por una corrección proporcional del gasto u otras vías disponibles durante el año, a fin de mantener el cumplimiento de la meta fiscal.

A juicio del Consejo, este resultado plantea desafíos relevantes para la convergencia fiscal en el mediano plazo y para mantener la credibilidad de la regla fiscal, considerando los esfuerzos por fortalecer el marco fiscal tras las modificaciones introducidas por la Ley N°21.683.

Si bien la deuda bruta como porcentaje del PIB en 2025 se mantuvo por debajo de su nivel prudente y similar respecto del año anterior, ello no fue a causa de una consolidación fiscal. De acuerdo al CFA, se debió mayoritariamente a dos factores que el CFA advierte que podrían ser transitorios:

• La apreciación del tipo de cambio

• Al mayor crecimiento del PIB nominal

En este contexto, el Consejo enfatiza la necesidad de adoptar medidas adicionales y de carácter estructural que permitan corregir el desequilibrio fiscal y fortalecer el cumplimiento de la regla fiscal, reiterando el principio de comprometer gastos solo contra financiamiento permanente y la necesidad de un acuerdo amplio entre el Ejecutivo y el Congreso.