CFA valora consolidación fiscal e insta a afianzarla durante los próximos años ante escenarios de riesgo
En su informe presentado ante el Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo valora el importante avance logrado en 2022 en materia de consolidación fiscal y la aplicación de la regla fiscal dual, la que incluye un nivel prudente de deuda pública que no se debe sobrepasar. Sin embargo, advierte sobre escenarios de riesgos que, de materializarse, dificultarían la continuidad de la consolidación fiscal durante los próximos años e impedirían que la deuda pública se estabilice por debajo del nivel prudente. Asimismo, alerta sobre temas que el Ejecutivo debería monitorear, para los que sugiere “llevar a cabo una evaluación rigurosa de los efectos que ellos pudieran generar sobre las finanzas públicas”.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó hoy su informe semestral sobre el ejercicio de sus funciones y atribuciones ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso. Este es un documento que el organismo público da a conocer en abril y septiembre de cada año para informar sobre su labor, referida a contribuir con el manejo responsable de la política fiscal del Gobierno.
En la instancia, que se realizó en la sede del Congreso en Valparaíso, expuso el presidente del CFA, Jorge Rodríguez, quien fue acompañado por el vicepresidente del organismo, Hermann González, los consejeros Paula Benavides, Aldo Lema y Jeannette von Wolfersdorff, y el gerente de Estudios, Mario Arend.
En su exposición ante los parlamentarios, el Consejo reiteró que valora el importante ajuste fiscal logrado en 2022, con una reducción de 23% real del gasto público respecto a 2021; además del consenso transversal alcanzado en torno a la sostenibilidad fiscal como política de Estado en el marco del Presupuesto de 2022. También volvió a destacar el hecho de que la política fiscal se guíe por una regla dual desde el año pasado y que esta se haya cumplido, acorde a lo sugerido por el Consejo.
Si bien en el logro del superávit fue clave la reducción del gasto público, también lo fue el aumento de ingresos estructurales que estuvieron influidos por aspectos metodológicos y extraordinarios que no necesariamente se repetirán. Ellos son, según el Consejo, el tratamiento de la brecha del PIB y el gran aumento de los ingresos fiscales provenientes del litio.
Sobre este último tema, el organismo valoró que el Ministerio de Hacienda, considerando sus recomendaciones, haya decidido avanzar en una propuesta metodológica a publicarse en el siguiente Informe de Finanzas Públicas, en la que se propondría un ajuste prudencial de los ingresos asociados a su explotación. Hasta ahora, la regla de Balance Estructural (BE) no contempla un ajuste cíclico para estos recursos potencialmente transitorios, y están siendo considerados como ingresos estructurales en su totalidad. Por lo tanto, existe el riesgo de que ingresos transitorios podrían destinarse a financiar gastos permanentes.
Asimismo, con el objetivo de contribuir al manejo responsable de las finanzas públicas, el CFA presentó su análisis de sostenibilidad fiscal semestral. Para desarrollar este análisis, el Consejo genera proyecciones de deuda pública tanto para un escenario base como para escenarios alternativos. En ellos, simula la ocurrencia de ciertos eventos de riesgo que afectarían la consolidación fiscal, con el objetivo de dimensionar el impacto sobre las finanzas públicas.
Como resultado, en el caso del escenario base, la deuda bruta se estabilizaría en un nivel menor a 40% en un plazo de cinco años, sin superar el nivel prudente de deuda planteado por el Ministerio de Hacienda de 45% del PIB. En cambio, en los escenarios alternativos simulados se superaría el nivel prudente de deuda y los gastos por intereses alcanzarían niveles históricamente altos, restándole espacio a prioridades de política pública.
Entre los escenarios alternativos están: 1) que la trayectoria del Balance Estructural tenga déficits persistentes y elevados, incumpliendo el decreto de política fiscal; 2) que se comprometan gastos permanentes acordes a la recaudación de la reforma tributaria rechazada por la Cámara de Diputados en marzo pasado, sin financiamiento por mayores ingresos permanentes; 3) que las presiones de gasto en pensiones por un reajuste real de los beneficios en el tiempo sean mayores a las esperadas; 4) que se comprometan gastos permanentes por ingresos transitorios por litio; 5) que exista una ralentización del crecimiento tendencial de la economía; y 6) que se active una cláusula de escape ante a una situación exógena y transitoria de gran envergadura, sin que exista un adecuado mecanismo de corrección y de convergencia fiscal.
En relación a estos escenarios, el CFA sugirió diversas acciones tanto a Hacienda como a la Dirección de Presupuestos para implementar medidas que atenúen sus posibles efectos en la sostenibilidad fiscal. Entre ellas, se insistió en que la autoridad fiscal publique un nuevo Decreto de Política Fiscal con metas anuales de Balance Estructural explícitas; y que no comprometa erogaciones permanentes antes de contar con los recursos para financiarlas, “siendo esto de especial relevancia para los gastos que se busca financiar con cargo a los proyectos tributarios en discusión”. Además, recomendó que se reconstruyan los ahorros fiscales, particularmente en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), para estar preparados para eventuales futuras crisis.
En la misma línea, el Consejo destacó la importancia de monitorear los riesgos que dificulten lograr la consolidación fiscal y afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. “Es responsabilidad del Ejecutivo monitorear estos riesgos, llevar a cabo una evaluación rigurosa de los efectos que ellos pudieran generar sobre las finanzas públicas, y tomar las medidas necesarias para mitigar su impacto”, planteó el CFA en su informe.
En este contexto, el Consejo identificó siete riesgos fiscales emergentes que debiesen ser monitoreados por el Poder Ejecutivo: 1) El calce en cantidad y temporalidad del conjunto de compromisos de gastos permanentes de la reforma de pensiones y los ingresos permanentes para financiarlos; 2) la incertidumbre sobre cuán permanentes son los ingresos fiscales derivados del litio y el riesgo de comprometer gastos permanentes con cargo a ellos; 3) la posibilidad de nuevos retiros de los fondos de pensiones, los cuales podrían generar mayores presiones a la demanda agregada y acentuar los desequilibrios macroeconómicos existentes (inflación y déficit en cuenta corriente), dificultando el rol estabilizador de la política fiscal; 4) los potenciales efectos fiscales que podrían resultar de una crisis financiera de las Isapres; 5) la necesidad de financiamiento permanente para enfrentar los desafíos en materia de seguridad, 6) la necesidad de que el avance en materia de descentralización fiscal cuente con reglas fiscales explícitas y efectivas que velen por la sostenibilidad fiscal subnacional y 7) las definiciones en materia de institucionalidad fiscal que deben tomarse en el proceso constituyente, así como aquellas definiciones constitucionales que pudieran incidir sobre la sostenibilidad fiscal
Respecto a las proyecciones de la economía desde 2023 y los riesgos mencionados, el CFA insistió en la relevancia de continuar una senda de consolidación fiscal para los próximos años, hasta llegar a valores para el BE más cercanos a cero en 2026. Asimismo, reiteró que la consolidación fiscal no ha terminado y que el Poder Ejecutivo considere una senda de las finanzas públicas que permita que el mayor esfuerzo del Fisco no se postergue hacia el final del período de gobierno. “El CFA hace un llamado a que los poderes Ejecutivo y Legislativo refuercen el compromiso de cumplir con esa convergencia fiscal”, indicó.
Finalmente, el Consejo destacó la importancia de continuar fortaleciendo la institucionalidad fiscal, mediante el avance en la tramitación del proyecto que realiza perfeccionamientos a la Ley sobre Responsabilidad Fiscal. En este contexto, invitó, además, a reflexionar sobre el rol, funciones y capacidades del CFA que requiere el país a corto y mediano plazo.