CFA realizó seminario “Balances, Activos y Deuda: la encrucijada fiscal de cara al 2030”
“Hay que estar conscientes de que la institucionalidad fiscal no funciona en un vacío, y que requiere de compromiso político para hacerla funcionar y apoyarla. Esto ha dado algunos frutos (…) pero debemos seguir insistiendo. Así lo hicimos al identificar 11 riesgos fiscales en la reforma previsional, los cuales prontamente evaluaremos cómo fueron recogidos”, señaló el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez.
Añadió que “no hay atajos para el logro de progresos sociales sostenidos sin responsabilidad fiscal”.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) realizó hoy el seminario “Balances, Activos y Deuda: la encrucijada fiscal de cara al 2030”, que abordó temas clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo, así como la coyuntura.
El encuentro contó con la presentación de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez -quien expuso dado que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se excusara por estar en Congreso en la tramitación del proyecto de Pensiones-, del economista Juan Pablo Medina, y un panel formado por el ex ministro de Hacienda y presidente de Horizontal Ignacio Briones, y la directora de Espacio Público, Paula Benavides.
“Este seminario se refiere a los desafíos que enfrentaremos en el mediano plazo más allá de la coyuntura. Pero hay cosas que están sucediendo que ciertamente inciden en el camino que las finanzas públicas transitarán en los próximos años. Me refiero a las proyecciones que indican que en 2024 no se cumpliría la meta de balance estructural, así como a la reforma previsional actualmente en discusión en el Congreso”, precisó el presidente del CFA, Jorge Rodríguez, al abrir el seminario.
Recordó que los desafíos fiscales de los próximos años no surgen solamente de la coyuntura, sino que son el fruto de la acumulación de dificultades desde la crisis financiera de 2008, acrecentada por la pandemia. Es así como hoy, enumeró, “la deuda bruta alcanzará en torno a 41% del PIB al cierre de 2024, por debajo del nivel prudente del 45% del PIB establecido por Hacienda, pero muy por sobre el nivel históricamente bajo que alcanzó en 2007, de menos de 4% del PIB, con lo cual Chile pasó de una posición acreedora neta de 12,2% del PIB en 2008 a una posición deudora de 37,5% proyectada para el cierre de 2024. Asimismo, el FEES (Fondo de Estabilización Económica y Social) se ha ido reduciendo, llegando a cerca de 1% del PIB en 2024, muy por debajo de la recomendación del FMI de alcanzar y mantener un nivel entre un 5% y 7% del PIB en el mediano plazo”.
Como último dato que grafica la situación de estrés fiscal del país, Rodríguez mencionó el gasto por intereses, que pasó de representar 1,9% del gasto total en 2013 (0,6% del PIB) a cerca de 5% en 2024 (1,2% del PIB), restando espacio para prioridades de gasto público.
“Esta situación de estrés fiscal se proyecta que continuará hasta 2029 (…) y representa un límite a la capacidad del Estado para implementar nuevas políticas públicas o para responder a eventuales shocks económicos adversos, y plantea que el esfuerzo fiscal deberá extenderse a las siguientes administraciones”, precisó Rodríguez.
Añadió que la cara auspiciosa de esta desafiante situación es que el país cuenta con una institucionalidad fiscal que se ha fortalecido en el tiempo, desde la creación de la regla de balance estructural en 2001 hasta la creación de Consejo Fiscal Autónomo en 2019, pasando por la ley de responsabilidad fiscal en 2006, perfeccionada recientemente en 2024. A estos hitos, se agrega la iniciativa presidencial exclusiva en materia de gastos consagrada a nivel constitucional.
Sin embargo, indicó que la institucionalidad fiscal siempre debe estar en revisión, con miras a ir adoptando las mejores prácticas en la materia, y preparar así un CFA 2.0. para los próximos 15 años. “Hay que estar conscientes de que la institucionalidad no funciona en un vacío, y que requiere de compromiso político para hacerla funcionar y apoyarla”. “Esto ha dado algunos frutos (…) pero debemos seguir insistiendo. Así lo hicimos al identificar 11 riesgos fiscales en la reforma previsional, los cuales prontamente evaluaremos cómo fueron recogidos. Y seguiremos insistiendo en materias clave, como reconstruir gradualmente el FEES, perfeccionar las proyecciones de ingresos fiscales, identificar mejor los requerimientos de capital que se registran bajo la línea, monitorear y gestionar los pasivos contingentes, y contar con fuentes de ingresos permanentes adicionales que provengan tanto de un mayor crecimiento económico tendencial como de ganancias permanentes de eficiencia del gasto”, dijo el presidente del CFA.
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, indicó que Chile cuenta con una institucionalidad fiscal robusta y reconocida internacionalmente, que se ha forjado a través de casi 25 años de implementación y continuo perfeccionamiento. Agregó que el desafío es mantener la disciplina fiscal en un contexto en que se profundizarán las presiones de gasto relacionadas con salud, envejecimiento de la población y resiliencia frente al cambio climático. A la vez, mencionó una serie de propuestas del CFA que la autoridad fiscal ha acogido, entre las que destacó el adoptar en 2022 una regla dual que incluye un nivel prudente de deuda.
El economista Juan Pablo Medina presentó el estudio “Análisis del funcionamiento de la regla dual en Chile y propuestas para incentivar su cumplimiento”, que realizó junto a Michael Pedersen, con el objetivo de evaluar y analizar la contabilidad fiscal relevante para la regla dual, el perímetro de su acción, el rol de los pasivos y de los activos financieros, así como si el ancla debe ser la deuda bruta -como lo es actualmente- o la deuda neta (el estudio completo está en www.cfachile.cl).
La presentación de Juan Pablo Medina fue el marco del panel que cerró el seminario, en que participaron el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y la directora de Espacio Público, Paula Benavides, y qué fue moderado por la consejera del CFA Jeannette von Wolfersdorff.
La economista y ex consejera del CFA, Paula Benavides, recordó que el Ministerio de Hacienda optó por usar el criterio de deuda bruta, entre otras razones, porque es una métrica más simple, más comparable internacionalmente y porque en ella se enfocan principalmente las clasificadoras de riesgo.
No obstante, indicó que, si solo se mira la deuda bruta y hay activos importantes, se pueden sobreestimar los riesgos fiscales, y por otro lado, si se está cerca del límite de deuda prudente, el incentivo puede ser a ir reduciendo y liquidando los activos.
Sin embargo, esto no significa necesariamente que se deba cambiar el ancla, pero sí tener un marco más amplio, complementar este criterio con el de la deuda neta, con la mirada de los activos financieros, y con objetivos específicos para el FEES.
Por su parte, el economista y presidente de Horizontal, Ignacio Briones, entregó una mirada complementaria, indicando la necesidad de entregar la máxima transparencia respecto de la deuda, más allá de su clasificación.
Asimismo, enfatizó que el gran desafío de las finanzas públicas en un escenario de estrechez fiscal es ser capaz de realizar reasignaciones de gasto significativas, que permitan financiar las políticas más prioritarias. Al respecto, reconoció que existen obstáculos dados por la rigidez del gasto público, por ejemplo, por el estatuto administrativo, así como aspectos de economía política que dificultan cerrar o ajustar programas