CFA presenta a la Cámara de Diputados su análisis sobre el proyecto que autoriza mayor endeudamiento del Gobierno Central en 2026

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), representado por su presidenta, Paula Benavides, su vicepresidente, Sebastián Izquierdo, y el gerente de Estudios, Mario Arend, expuso hoy –tras ser citado– a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados su análisis sobre el proyecto de ley que autoriza mayor endeudamiento del Gobierno Central en 2026.  

Primero, el Consejo explicó a los parlamentarios los alcances y foco del trabajo realizado, detallando que, dado que una mayor autorización de endeudamiento puede tener efectos sobre la trayectoria de la deuda pública y la sostenibilidad fiscal, el CFA analizó los fundamentos del proyecto, las presiones de financiamiento que lo originan y sus implicancias en el nivel de deuda bruta para 2026. 

Luego el CFA abordó algunos antecedentes de la iniciativa legal, entre ellos, que solicita al Congreso autorizar al Presidente de la República para contraer obligaciones adicionales por hasta US$6.200 millones durante 2026. “El PdL se suma a la autorización de endeudamiento del artículo 3° de la Ley de Presupuestos 2026, cuyo primer inciso contempla hasta US$17.400 millones y el segundo hasta US$600 millones adicionales”, detalló Benavides, añadiendo que los US$6.200 millones adicionales se descomponen en tres necesidades adicionales de financiamiento, respecto de la Ley de Presupuestos 2026. Estas son: 1) mayor déficit efectivo proyectado; 2) efecto del tipo de cambio (apreciación del peso), y 3) atender obligaciones fiscales y manejar la posición de liquidez.   

Análisis y conclusiones  

El CFA señaló que, entre el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de 2025 y el IFP de primer trimestre de 2026, se generaron mayores presiones de financiamiento debido a: 1) mayor déficit efectivo, 2) mayor uso de activos del Tesoro Público, 3) mayores otorgamientos de préstamos netos, y 4) a la diferencia por tipo de cambio nominal de emisiones.  

Asimismo, el Consejo identificó presiones de financiamientos adicionales anunciadas en el proyecto, relacionadas con el aumento del nivel de caja requerido y con avanzar en la reducción del stock de deuda flotante.  

En ese sentido, el CFA aseguró que, dadas las necesidades de financiamiento, el Gobierno Central debe decidir si financiar las necesidades no cubiertas con emisión de deuda, reducción de activos, o bien, con un mayor ajuste fiscal.  

Además, el Consejo destacó que, si bien en el Informe de Finanzas Públicas más reciente se proyecta una deuda bruta para 2026 de 43,1% del PIB, con la mayor autorización de endeudamiento este año, se emitirían US$1.500 millones adicionales. “En este caso, la deuda bruta de 2026 alcanzaría en torno a 43,4% del PIB. Si se considera un menor crecimiento del PIB este año la deuda bruta alcanzaría 43,6% del PIB”, alertó.  

De esta forma, el CFA concluyó que “el mayor endeudamiento solicitado responde principalmente al deterioro del déficit fiscal respecto al proyectado en la Ley de Presupuestos 2026, asociado, por una parte, a una corrección a la proyección de recaudación -producto de una menor recaudación efectiva en 2025 y un recorte prudencial del rendimiento esperado de la Ley de Cumplimiento Tributario-, y, por otra, a una corrección al alza en las proyecciones de gasto”.  

En esa línea, sostuvo que parte de estas presiones fueron advertidas oportunamente por el CFA. Por ejemplo, dijo, se alertó respecto a la no inclusión del inflactor en el Subtítulo 21 en la Ley de Presupuestos de 2026, así como la identificación de que las provisiones para financiar el reajuste del sector público no estaban plenamente financiadas.  

Además, el CFA remarcó: “Para cumplir con sus obligaciones (incluyendo las amortizaciones), el Gobierno Central deberá cubrir las nuevas necesidades de financiamiento mediante mayores niveles de endeudamiento, o la profundización del uso de activos del Tesoro Público -que ya se encuentran en mínimos históricos-, o bien, a través de la implementación de un ajuste fiscal”. 

Por otro lado, Benavides destacó que la solicitud de mayor endeudamiento del proyecto refleja que aún está pendiente la generación de suficientes fuentes de financiamiento permanentes referidas a un mayor crecimiento económico, eficiencia y/o ajuste del gasto público, menor evasión y elusión tributaria, y mayores ingresos fiscales, para solventar los gastos comprometidos.   

De esta forma, la economista señaló que “el plan de acciones correctivas, que contempla un ajuste fiscal en su segunda etapa por US$1.000 millones, reduciría la presión sobre el déficit efectivo proyectado. Por ello, el CFA reitera el llamado de mantener el esfuerzo de consolidación comprometido por la actual administración". 

Además, remarcó que las proyecciones para 2026 sitúan la deuda bruta entre 43,1% y 43,6% del PIB, reduciendo el margen respecto del nivel prudente definido por la regla fiscal (45% del PIB). “Operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo no es inocuo: una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, componente que ya registra presiones crecientes, y puede presionar al alza las tasas de interés domésticas, encareciendo el crédito para hogares y empresas, afectando la actividad económica, y reduciendo el margen de maniobra fiscal ante eventos extraordinarios adversos”, indicó.    

En ese sentido, Benavides concluyó: “Resulta indispensable que se avance simultáneamente en la implementación sostenida de las medidas necesarias para materializar una senda de consolidación fiscal que permita estabilizar el nivel de deuda por debajo de su nivel prudente”.