CFA plantea aplicar medidas adicionales de reducción del gasto público en 2025 para cumplir la meta de Balance Estructural, y enfatiza la necesidad de elaborar el presupuesto 2026 acorde a su meta fiscal

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó hoy en www.cfachile.cl su informe trimestral N° 22 sobre Balance Estructural (BE) y nivel prudente de deuda. En este documento, el CFA analiza las proyecciones presentadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre de este año, y entrega sus recomendaciones.

Al inicio del informe, el Consejo “alerta sobre la necesidad de adoptar medidas estructurales para corregir una trayectoria de déficits persistentes y aumento de la deuda iniciada en 2008”. Y, en ese sentido, señala: “Los nuevos antecedentes presentados por la Dipres en su IFP del segundo trimestre dan cuenta de que los riesgos fiscales advertidos por el Consejo en informes previos se han ido materializando, con un potencial nuevo desvío de la meta de BE”. De esta forma, el Consejo explica que en este nuevo informe aborda las discrepancias entre las metas fiscales establecidas por el Ejecutivo y sus proyecciones.

Como contexto, la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal establece que, si el Ejecutivo incumple alguna de sus metas anuales de Balance Estructural establecidas al inicio de su mandato, como ocurrió en 2024, debe presentar un plan de mitigación para mejorar el balance efectivo y lograr una convergencia fiscal. Así, en su IFP del primer trimestre de 2025, la Dipres presentó acciones correctivas, tanto administrativas como legislativas, destinadas a incrementar ingresos y/o a reducir gastos. Aplicando estas acciones correctivas, el BE proyectado por la Dipres para 2025 es de –1,8% del PIB, mientras que, si sólo se consideran las medidas administrativas de gasto del Acuerdo Marco y otras específicas con mayor probabilidad de ser aplicadas, sin considerar las acciones correctivas adicionales principalmente legislativas, el BE proyectado llegaría a –2,1%. Asimismo, en cualquiera de estos dos escenarios se incumpliría la meta de BE.

Medidas correctivas aplicadas por el Ejecutivo

En este marco, en su último IFP la Dipres presenta las cifras fiscales considerando la aplicación de acciones correctivas, siendo las medidas legislativas las que tendrían el mayor efecto, lo que para el CFA tiene el riesgo de que estas últimas medidas no se materialicen, se posterguen o modifiquen durante su discusión en el Congreso. Así, por criterio de prudencia en el manejo de las finanzas públicas, el CFA plantea que las cifras deberían presentarse sin las medidas correctivas legislativas.  

En ese sentido, insiste en su recomendación realizada en abril ante el Congreso de que el Ejecutivo debería presentar sus cifras fiscales en su IFP -tanto para 2025 como para el periodo 2026-2029-   considerando un escenario base que incluya solo las medidas bajo su control directo y que representen un compromiso efectivo y, en forma complementaria, presente escenarios alternativos con medidas legislativas.

Asimismo, el Consejo subraya la importancia de que el gobierno disponga de un plan alternativo para 2025, compuesto por medidas adicionales bajo su ámbito de control -es decir, acciones de carácter administrativo- que puedan activarse de manera oportuna en caso de retrasos o modificaciones sustantivas en el proceso legislativo de aquellas medidas que requieren aprobación del Congreso, de forma de cumplir la meta de BE.

Análisis de estimaciones para 2025

Respecto de las proyecciones de ingresos fiscales presentadas por la Dipres, el Consejo observa que pese a las sucesivas reducciones de sus estimaciones de ingresos desde la aprobación de la Ley de Presupuestos, para 2025 estas muestran un crecimiento exigente en relación con la ejecución de ingresos observada al primer semestre. “Para alcanzar la proyección de ingresos fiscales de 2025 de la Dipres, la recaudación del segundo semestre debe superar en 8,2% lo acumulado en el primero. Sin embargo, en los últimos 10 años, la mediana de los ingresos fiscales del segundo semestre ha sido 1,7% inferior al primer semestre, lo que presenta un desafío significativo para cumplir con las proyecciones. Según ejercicios del CFA, los ingresos fiscales en 2025 podrían ser entre 0,3% y 1,0% del PIB menores a las proyecciones de la Dipres", detalla el Consejo.

También indica que los efectos de la sobreestimación observada en los ingresos fiscales durante los dos últimos años —que en 2025 acumula un ajuste a la baja de 1,1% del PIB respecto de la Ley de Presupuestos— ponen de manifiesto la importancia de dicha variable en la elaboración del Presupuesto 2026. “Los avances institucionales y metodológicos que se han implementado en 2025, a partir de la asesoría del Fondo Monetario Internacional, deberían traducirse en proyecciones más ajustadas, que contribuyan a resguardar la credibilidad del marco fiscal”, dice el CFA.

Y señala que, de persistir diferencias entre los ingresos proyectados y los efectivos en 2025, estas podrían generar un efecto de arrastre hacia 2026, dado que las proyecciones de ingresos fiscales de la Dipres para 2025 servirán como base para las proyecciones de 2026.

Por esto, el CFA reitera a la Dipres la recomendación de publicar en los IFP una tabla de monitoreo del crecimiento real anual de, al menos, cada línea de ingreso relevante para el cálculo del BE, con el fin de facilitar la identificación de posibles desvíos y tomar medidas en el transcurso del periodo para cumplir la meta. 

Por otra parte, el CFA alerta que el resultado estructural proyectado por la Dipres para 2025 en su último IFP (de -2,1% del PIB sin acciones correctivas adicionales y -1,8% del PIB con acciones), es más deficitario que su meta fiscal para 2025 aún en tramitación en la Contraloría (de -1,6% del PIB), por lo que se requieren ajustes adicionales de gasto público. En esa línea, el Consejo observa que los esfuerzos fiscales no han sido suficientes para el cumplimiento de las metas de BE, aunque reconoce la reducción del crecimiento anual del gasto durante la presente administración. Así, señala que para 2023 existió un desvío de su meta de BE respecto a lo establecido en la Ley de Presupuestos, que luego la meta de BE no fue cumplida en 2024, y para 2025 la Dipres proyecta en su último IFP un nuevo incumplimiento.

En esa línea, el CFA plantea que a pesar de las acciones correctivas del gobierno, la proyección de BE realizada por la Dipres para 2025 es de -1,8% del PIB (vs. la nueva meta de BE de -1,6%, con una diferencia de US$714 millones). Y dice que en el escenario que no considera la aplicación de acciones correctivas adicionales -que es el escenario base considerado por el CFA-, el déficit estructural se ubicaría en 2,1% del PIB, con una diferencia de 0,46% del PIB (US$1.606 millones) respecto a la meta del Ejecutivo de –1,6%. “Ese monto debiese considerarse al menos como reducción adicional del gasto público, dada las proyecciones de ingresos fiscales de la Dipres que presentan un sesgo a la baja para 2025”, indica el Consejo.

Además, el Consejo sostiene que las discrepancias entre las proyecciones de déficit estructural de la Dipres y sus metas de BE muestran que se ha vuelto difícil reducir significativamente el gasto público. Y alerta que hace más de un año la Dipres viene proyectando en los IFP trimestrales incumplimientos de las metas de BE, algo que no ocurría comúnmente en años previos. “La discrepancia actual es particularmente preocupante considerando que la meta fue definida recientemente, lo que, sumado al incumplimiento de la meta en 2024, podría afectar la credibilidad en la regla fiscal”, remarca.

Por lo anterior, el CFA recomienda a la Dipres evaluar la incorporación de nuevas acciones correctivas administrativas (que son las que dependen exclusivamente del Ejecutivo) para cumplir la nueva meta fiscal definida para 2025 y, al mismo tiempo, para suavizar el ajuste fiscal en 2026. En particular, recomienda realizar una revisión más exhaustiva del gasto público comprometido con el fin de acortar el posible desvío de la meta de BE.

Análisis de proyecciones para 2026

En relación a las proyecciones de BE que hizo la Dipres para 2026, el Consejo indica que estas muestran holguras fiscales negativas, ya que el gasto comprometido supera el nivel compatible con la meta de BE. Esto, dice el CFA, se da a pocos meses de iniciarse la discusión presupuestaria para 2026, mostrando un potencial desvío respecto de la nueva meta fiscal actualmente en trámite, y cobra especial importancia considerando que la Ley de Presupuestos debe construirse sobre el supuesto de cumplimiento de la meta fiscal. En detalle, al igual que para 2025, el CFA remarca que las proyecciones de BE presentadas por la Dipres para 2026 (de –1,6% con medidas correctivas y de –1,8% sin esas medidas) son más deficitarias que la nueva meta que se propuso para ese año (de –1,1% del PIB). 

En tanto, el CFA detalla que si bien a la fecha de publicación de este informe aún no son públicos los parámetros estructurales del cobre y del PIB con los que se elaborará el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2026 y, por lo tanto, pueden variar las cifras fiscales presentadas en el último IFP; la Dipres proyecta actualmente un BE para el próximo año de -1,6% del PIB considerando la aplicación de todas las medidas correctivas, lo que contrasta con la nueva meta de BE para 2026 de -1,1% del PIB. Y remarca que en el escenario base considerado por el CFA por ser prudente en el manejo fiscal, el déficit estructural sería aún mayor, llegando a -1,8% del PIB.

En este sentido, el CFA indica que las revisiones a la baja tanto en el impacto de las medidas correctivas como de las proyecciones de ingresos fiscales sugieren riesgos para el cumplimiento de la meta de BE. Por ello, a juicio del Consejo, los potenciales desvíos debiesen considerarse una reducción adicional del gasto público, dadas las proyecciones de ingresos de la Dipres.

En línea con lo anterior, también el Consejo señala que la Dipres debiese anticipar el escenario de holguras fiscales negativas al preparar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, evaluando medidas administrativas adicionales que permitan alinear el gasto comprometido con el cumplimiento de la meta de balance estructural vigente al momento de presentar este proyecto.