CFA insiste en que se realice un mayor esfuerzo fiscal para minimizar el desvío de la meta de BE en 2025, cumplirla en 2026 y no superar el nivel prudente de deuda pública, con el fin de recuperar la credibilidad fiscal

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó hoy a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos su informe semestral sobre el ejercicio de sus funciones y atribuciones. En el documento, analiza la situación de las finanzas públicas para 2025-2030, además de proyectar la deuda pública para el mediano y largo plazo. La presentación fue expuesta por la presidenta del CFA, Paula Benavides, quien fue acompañada por el vicepresidente del organismo, Sebastián Izquierdo, la consejera Marcela Guzmán, y los consejeros Hermann González y Joaquín Vial, además del gerente de Estudios del Consejo, Mario Arend.

El CFA plantea en su informe que el país se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE), en un contexto en que el plan de acciones correctivas del Ejecutivo para retornar a una situación fiscal sostenible no ha avanzado según lo comprometido. Esto, dice el CFA, evidencia un cuadro de estrés fiscal prolongado, reflejado en déficits estructurales persistentes, espacios fiscales restringidos, un acercamiento de la deuda a su nivel prudente, y riesgos en el corto y mediano plazo.

En este contexto, el Consejo indica que se requiere un esfuerzo fiscal mayor para minimizar el desvío de la meta de BE en 2025, cumplirla en 2026 y no superar el nivel prudente de deuda (fijado en un 45% del PIB), con el fin de recuperar la credibilidad fiscal, mediante un compromiso claro de todos los actores políticos. 

Asimismo, el CFA hace un llamado a reflexionar respecto a los cambios de metas fiscales que ha aplicado el gobierno aludiendo a causas extraordinarias y los incumplimientos ex post de esas metas. “La Ley que Promueve la Responsabilidad y Transparencia en la Gestión Financiera del Estado en 2024 buscaba precisamente fortalecer la disciplina y establecer mecanismos que permitieran corregir oportunamente los desajustes durante el año o, en su defecto, compensarlos en el siguiente mediante medidas correctivas. Sin embargo, este marco institucional no ha resultado plenamente efectivo”, dice el informe, sugiriendo impulsar fortalecimientos institucionales y mecanismos más activos de monitoreo y rendición de cuentas.

Situación fiscal para 2025-2026

Respecto a 2025, el CFA destaca que la Dipres estima un déficit estructural de -2,2% del PIB frente a una meta de BE de -1,6%, “sin que se observen, a la fecha, reducciones de gasto adicionales para cumplirla. Esto ocurre en un contexto de presiones en el gasto corriente, que ha crecido por sobre lo proyectado, y de un menor crecimiento en el gasto de capital”, dice el informe. En esa línea, es importante considerar que el CFA ha recomendado previamente que los eventuales ajustes debiesen recaer mayoritariamente en gasto corriente y no en gasto de capital, dado que este último incide en la capacidad de crecimiento de la economía. 

Además, el CFA remarca que este potencial desvío para 2025 ya había sido advertido en su informe de Balance Estructural, publicado el 28 de agosto pasado, en el que al analizar la situación fiscal consideró un escenario base con un déficit estructural de 2,1% del PIB.   

Para 2026, el CFA sostiene que el escenario fiscal estimado por Dipres es exigente. “Por un lado, las proyecciones de ingresos consideran incrementos con un significativo grado de incertidumbre, como la recaudación asociada a la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT), y, por otro lado, requieren esfuerzos importantes de contención del gasto. Esto obliga a un monitoreo activo de las proyecciones de ingresos y a un compromiso efectivo de todos los actores políticos para una contención efectiva del gasto”, indica el documento.

Así, el Consejo remarca que la tramitación y ejecución de la Ley de Presupuestos 2026 es un desafío y una oportunidad para que todos los actores políticos presenten señales de compromiso claro con la responsabilidad fiscal y, en concreto, con establecer una trayectoria de convergencia efectiva del BE. Y alerta que un nuevo desvío de la meta de BE en 2026, sumado a los de 2023, 2024 y al proyectado para 2025, aumentarían la probabilidad de que la deuda pública sobrepase su nivel prudente, y debilitaría fuertemente la credibilidad de la regla fiscal.

Mediano plazo y deuda pública

Para 2027-2030, el CFA sostiene que los espacios fiscales son restringidos, en un contexto de déficits fiscales y de acercamiento al nivel prudente de deuda. Además, estos espacios se estiman en base a una programación financiera de continuidad operacional, que contempla una reducción significativa de la inversión real y está sujeta a diversos riesgos y presiones fiscales. Por ejemplo, se enfrentan riesgos asociados a la medición de los parámetros estructurales (que son el PIB no minero tendencial y el precio de referencia del cobre), la proyección de la Dipres referente al precio efectivo del cobre y la recaudación estimada de la LCT, los que podrían incidir negativamente en la estimación de los ingresos estructurales futuros. 

De esta forma, detalla que la diferencia proyectada por la Dipres para el mediano plazo, entre el gasto compatible con la meta de BE y el gasto comprometido, continúa siendo acotada, lo que limita la capacidad del Ejecutivo para enfrentar contingencias sin comprometer el cumplimiento de sus metas fiscales, así como la del próximo gobierno para implementar sus prioridades programáticas.

Asimismo, advierte que el espacio fiscal efectivo podría ser menor al proyectado por el gobierno debido a que los gastos comprometidos no consideran gastos probables en el horizonte de mediano plazo.

También el CFA presenta en este informe sus proyecciones del nivel que podría alcanzar la deuda pública en el mediano y largo plazo. En base a este trabajo, concluyó que, si bien su trayectoria central en el escenario base se ubica levemente por debajo del nivel prudente de deuda, existe una probabilidad cercana al 50% de que este sea sobrepasado en 2027.

A juicio del CFA, esta situación no debe conducir a cambiar el nivel prudente por uno más alto, lo que debilitaría la señal de disciplina fiscal y podría erosionar la credibilidad de la regla ante los mercados, sobre todo considerando la rapidez con que la deuda ha aumentado en los últimos años, el crecimiento de los gastos en intereses (en vez de financiar políticas sociales) y el riesgo de repetir episodios previos de deterioro que derivaron en rebajas de la calificación crediticia.

A ello se suma, alerta el CFA, que los fondos soberanos enfrentan niveles que limitan su capacidad de cumplir con los objetivos para los que fueron creados. Por ello, dice que se requieren reglas claras, para establecer metas y estrategias de recomposición gradual de ambos fondos, dado que la acumulación de activos da mayor certeza sobre la capacidad del país para enfrentar contingencias y compromisos en el largo plazo.

Recomendaciones

En base a lo anterior, el CFA realiza una serie de recomendaciones. Entre ellas, sugiere al Ministerio de Hacienda y a la Dipres: implementar reducciones de gasto adicionales durante 2025 para minimizar el potencial incumplimiento de la meta de BE y que los ajustes de gasto se concentren principalmente en el gasto corriente; seguir fortaleciendo los procesos de proyección y monitoreo de ingresos fiscales; revisar sus metodologías del PIB no minero tendencial y precio de referencia del cobre, del ajuste cíclico y de los supuestos del precio del cobre; y avanzar en una agenda para el fortalecimiento de la gestión y eficiencia del gasto público. Y sugiere a la próxima administración mantener el nivel prudente de deuda en 45% del PIB, reforzando así la sostenibilidad fiscal.