CFA expone a la Comisión de Hacienda de la Cámara su análisis sobre el financiamiento del proyecto de ley de reajuste del sector público

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), representado por su presidenta, Paula Benavides y el gerente de Estudios, Mario Arend, expuso hoy ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados su análisis sobre el financiamiento del proyecto de ley de reajuste del sector público.

Así, en el marco de su mandato de contribuir al manejo responsable de la política fiscal, Benavides resaltó que presiones sobre el gasto público que no hayan sido previstas en la Ley de Presupuestos podrían generar riesgo de incumplimiento de las metas fiscales. También subrayó que el CFA no emite una opinión sobre el mérito de una determinada política pública o prioridad de gasto, sino que examina sus efectos fiscales y financiamiento acorde a la sostenibilidad fiscal.

A la vez, Benavides sostuvo que el Consejo advirtió en octubre pasado, cuando presentó su informe semestral al Congreso, que el Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 no contemplaba un ajuste por inflación esperada en el subtítulo 21 de gasto en personal, agregando que cualquier medida adicional que se adoptara debía enmarcarse en los límites del presupuesto aprobado, a fin de resguardar la meta de Balance Estructural (BE) de 2026. “De no materializarse dicho esfuerzo, se generaría presión sobre el resto del presupuesto, comprometiendo el cumplimiento de la meta fiscal correspondiente”, dijo la presidenta del CFA.

También precisó que, históricamente, el costo fiscal del reajuste se ha financiado mediante tres fuentes: 1) el subtítulo 21 (que es el destinado al gasto en personal), incorporando el IPC mediante el inflactor de la Ley de Presupuestos; 2) reasignaciones; y 3) la provisión del Tesoro Público (asignación 104), destinada a cubrir beneficios adicionales y eventuales aumentos reales implícitos en la negociación del reajuste del sector público, especialmente cuando este supera el supuesto de IPC utilizado en la formulación presupuestaria.

Respecto al costo fiscal del proyecto, Benavides detalló que, según la información aportada por el Ministerio de Hacienda, es de US$1.668 millones (1,7% del gasto público aprobado). “De este, US$876 millones están asociados al reajuste de remuneraciones y subvenciones, representando el 52% del costo total estimado. Los restantes US$793 millones están destinados a financiar beneficios adicionales (48% del costo estimado), tales como bonos y aguinaldos del sector pasivo, cotizaciones del empleador para Atención Primaria de Salud (APS) e incentivos al retiro, entre otros”, señaló.

Cifras sobre financiamiento del proyecto

La presidenta del CFA detalló que en la Ley de Presupuestos 2026 se reestructuró la arquitectura de provisiones del Tesoro Público de la siguiente manera: 1) la asignación 104 con un total de US$961 millones (0,26% del PIB), destinados al financiamiento de proyectos de ley en estudio, en trámite y otras provisiones variables (emergencias), y 2) la asignación 275 con un total de US$1.236 millones (0,34% del PIB), orientada a leyes permanentes con gasto aleatorio (bonificaciones por incentivo al retiro, indemnizaciones, bonos permanentes, Art. 1° Ley N°21.735, entre otros). Y especificó que de la asignación 104, US$616 millones fueron presupuestados para el financiamiento del reajuste del sector público, y US$345 millones para proyectos de ley en trámite y otras provisiones variables.

En ese sentido, Benavides advirtió: “El financiamiento del proyecto de reajuste 2026 recae fundamentalmente en las provisiones y capacidades de reasignación”, recordando que en 2026 el subtítulo 21 no contempló la aplicación del inflactor, que en años anteriores contribuyó de manera significativa a su financiamiento (2014 40%; 2018 52% y 2022 61%).

De esta forma, la economista alertó que el costo del reajuste (descontando la disposición en el subtítulo 21 por aplicación del inflactor) reduce las holguras en las provisiones a 0,07% del PIB, muy por debajo de años anteriores (2014: 0,27% del PIB; 2018: 0,25% del PIB).

Asimismo, señaló que el Ministerio de Hacienda detalló la existencia de otras dos fuentes de financiamiento al reajuste salarial, ambas relacionadas a los incentivos al retiro: 1) que con la aplicación del artículo 10 de la Ley de Presupuestos que establece que, por cada tres funcionarios que se retiren, solo se puede contratar a uno, se generaría un ahorro de US$119 millones (0,03% del PIB) del subtítulo 21, según la Dirección de Presupuestos (Dipres), y 2) que se prevé que de la asignación 275 se utilicen US$111 millones (0,03% del PIB) para el financiamiento de incentivos al retiro del Poder Judicial, médicos y para el financiamiento de la cotización de empleador para APS y subvenciones.

En ese sentido, Benavides concluyó: “Se observa que existen presiones de financiamiento por US$822 millones (0,22% del PIB), descontando al costo del reajuste los US$616 millones de lo provisionado y los US$230 millones de las mitigaciones antes señaladas”.

Desafíos de financiamiento

En base a las cifras expuestas, Benavides aseguró que “el CFA estima, según antecedentes entregados por el Ministerio de Hacienda, que para financiar el reajuste del sector público de 2026, se requerirá un financiamiento adicional de, aproximadamente, US$822 millones respecto de las fuentes identificadas, lo que es un esfuerzo exigente”.

Además, dijo que el financiamiento adicional requerido para cubrir esa brecha debería provenir de reasignaciones y/o de un mayor uso de las provisiones.

Respecto a los montos de la asignación 275, la presidenta del CFA sostuvo que estos deben cubrir los gastos aleatorios comprometidos en las leyes permanentes respectivas, incluyendo las cotizaciones previsionales de la reciente reforma, por lo que no son recursos de libre disponibilidad; e indicó que el margen remanente de la asignación 104 (US$345 millones) debe asegurar disponibilidad para financiar emergencias y otras contingencias.

De esta forma, Benavides alertó que es un desafío relevante el que parte del financiamiento del reajuste salarial del sector público provenga de reasignaciones presupuestarias, tal como lo ha señalado Dipres. En ese sentido, detalló que de 31 partidas presupuestarias (excluyendo Tesoro Público y financiamiento a gobiernos regionales), 14 destinan más del 50% de su presupuesto a gasto en personal, reduciendo el margen de reasignación sin afectar la operación regular.

Otros riesgos y recomendaciones

Al término de su presentación, Benavides subrayó que “el proyecto de reajuste involucra gastos permanentes, lo que introduce presiones de igual naturaleza, por lo que las fuentes de financiamiento deben ser permanentes, lo que no se da, por ejemplo, en el diferimiento de contrataciones”.

También recalcó que la heterogeneidad y cantidad de normas misceláneas de la iniciativa eleva el riesgo de efectos fiscales no previstos o de imprecisiones en su estimación, especialmente dadas las restricciones de tiempo para su análisis durante la tramitación legislativa.

Finalmente, sostuvo: “El Consejo advierte que el proyecto de ley de reajuste 2026 se formula en un escenario de estrés fiscal, caracterizado por déficit estructurales persistentes, incumplimientos de las metas de BE, un nivel de deuda bruta cercano al nivel prudente y un bajo nivel de activos en el Fondo de Estabilización Económica y Social, entre otros”. Y, en ese contexto, que el CFA recomienda que Dipres explicite detalladamente las fuentes de financiamiento adicionales del reajuste, ya sea mediante reasignaciones presupuestarias y un mayor uso de las provisiones del Tesoro Público.

Foto: Cámara de Diputadas y Diputados