CFA analiza proyecto de descentralización fiscal y plantea sugerencias para abordar riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas
La evaluación fue presentada por el presidente del organismo, Jorge Rodríguez, en una exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó hoy ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados su análisis sobre el proyecto de ley de financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional. Actualmente, la iniciativa se encuentra en condiciones de ser votada en particular, luego de ser aprobada en general por esa comisión.
En representación del CFA, su presidente, Jorge Rodríguez, expuso sobre el rol del organismo, entregó lineamientos generales sobre la regla fiscal vigente en Chile y analizó las nuevas funciones para el Consejo que establece el proyecto de ley. Todo lo anterior, a la luz de los desafíos específicos para la sostenibilidad de las finanzas públicas que surgen del proyecto de ley.
Rodríguez explicó que el análisis realizado por el CFA corresponde a una aproximación preliminar sobre el proyecto de ley, por lo que el Consejo planea seguir profundizando sobre la materia; y agregó que hay que tener en cuenta que en el proceso constituyente en curso también está en discusión avanzar en descentralización fiscal, “por lo que existe un desafío de consistencia entre ambas normativas que avanzan en paralelo”.
Respecto al rol del CFA -que es contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central-, sostuvo que si bien el Consejo no tiene un rol sobre la sostenibilidad de los gobiernos subnacionales, los desequilibrios en este ámbito pueden impactar la sostenibilidad fiscal del país. Por ello, indicó que es crucial considerar la sostenibilidad fiscal subnacional en la gestión de las finanzas públicas. “Esto cobra especial relevancia en un proceso de mayor descentralización fiscal”, dijo Rodríguez.
Asimismo, recalcó que al CFA no le corresponde emitir opiniones sobre la descentralización en sí, pero señaló que, acorde con la misión del Consejo, puede realizar un aporte para realizarla con responsabilidad y sostenibilidad fiscal.
Luego, detalló que para analizar las implicancias en la sostenibilidad fiscal del país se debe considerar que el proyecto de ley permite a los gobiernos regionales aumentar sus propias fuentes de ingresos, obtener financiamiento mediante instrumentos de deuda y administrar activos financieros. Al respecto, dijo que esto implica cambios a la forma en que se debe analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que las variables que permiten su evaluación estarán desagregadas y tendrán heterogeneidad.
También recordó que desde 2022 Chile se rige por una regla fiscal dual, es decir, que combina una meta de Balance Estructural y un nivel de acumulación máximo de deuda bruta -establecido por el Ministerio de Hacienda en 45% del PIB- que no debe ser sobrepasado. Sobre esto, Rodríguez dijo que estas reglas aplican solo al Gobierno Central. Como el proyecto de ley establece que los gobiernos regionales dejarán de ser parte del Gobierno Central, ello implica que el ámbito de acción de la regla fiscal vigente no los considerará. “En la medida que los gobiernos regionales tengan un mayor peso, una mirada sólo al Gobierno Central podría resultar incompleta y menos eficaz para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas”, alertó Rodríguez.
Por lo tanto, agregó que, a juicio del CFA, “se debe reflexionar sobre la pertinencia de pasar a tener una regla fiscal dual para el gobierno total consolidado, que incluya tanto al Gobierno Central como a los gobiernos regionales”.
Nuevas funciones y riesgos
El Consejo abordó en su presentación las nuevas funciones para el CFA que contempla el proyecto. En detalle, la iniciativa permite al Ministerio de Hacienda pedir la opinión del Consejo en ciertas circunstancias que requieran una mirada preventiva en materia fiscal, por ejemplo, cuando los gobiernos regionales incumplen con las restricciones para el ejercicio de facultades financieras o puedan poner en riesgo el manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central.
Al respecto, Rodríguez planteó que “es pertinente que el CFA tenga un rol respecto de la sostenibilidad fiscal regional, en especial en la medida que los gobiernos regionales aumenten su peso relativo. Sin embargo, la forma en que el proyecto le asigna tareas al Consejo tiene limitaciones”. Al respecto, dijo que aquellas funciones sólo se ejercerán cuando el Ministerio de Hacienda lo estime pertinente.
Esto, de acuerdo al CFA, trae aparejados tres problemas: uno, que no se aborda la posible necesidad de un monitoreo permanente y sistemático a la sostenibilidad fiscal de los gobiernos regionales; dos, que el CFA no podría emitir opinión cuando -por sí mismo- identifique un riesgo fiscal en los gobiernos regionales; y tres, que al ser tareas esporádicas, el CFA no generaría capacidades permanentes para esta labor. “De hecho, el proyecto de ley no considera recursos para el fortalecimiento del CFA para realizar tareas respecto de los gobiernos regionales”, dijo el presidente del Consejo.
Por último, el presidente del Consejo hizo advertencias y sugerencias respecto a temas específicos del proyecto de ley. Entre los riesgos identificados, dijo que la iniciativa establece la posibilidad de endeudamiento de los gobiernos regionales, pero no define un marco básico al respecto ni ratios máximos de deuda, dejándolo para una definición posterior por parte de Hacienda.
Sobre las proyecciones de ingresos regionales, detalló que la iniciativa establece que cada gobierno regional debe realizarlas, pero no considera su evaluación ex ante ni ex post. “Si existe una sobreestimación de los ingresos de un gobierno regional, podrá ocurrir lo mismo con su gasto, generando un riesgo para la sostenibilidad”, advirtió.
Además, sugirió que el proyecto debiera establecer la necesidad de generar estudios de impacto de los mecanismos de mayor recaudación que utilicen los gobiernos regionales dentro de sus atribuciones, tanto desde el punto de vista fiscal como en la productividad regional. Y respecto a los estándares de información contable y financiera, propuso que el proyecto debiera establecer para los gobiernos regionales el cumplimiento de estándares equivalentes a los del Gobierno Central, pues ello es un elemento básico para poder monitorear la sostenibilidad fiscal de los gobiernos regionales.