CFA advierte que deterioro fiscal podría extenderse en los próximos años y llama a retomar la consolidación de las finanzas públicas
En su informe ante el Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo señaló que en 2023 se han materializado riesgos fiscales advertidos, como una menor actividad minera, la caída de precios del cobre y el litio, una reactivación económica débil y mayores presiones de gasto. E indicó que ellos pueden repetirse en 2024. Además, insistió en evitar la postergación del esfuerzo fiscal remanente para el final de la administración de este Gobierno.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó hoy su informe semestral sobre el ejercicio de sus funciones y atribuciones ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso. En la instancia, que se realizó en la sede del Congreso en Valparaíso, expuso el presidente del CFA, Jorge Rodríguez, quien fue acompañado por el vicepresidente del organismo, Hermann González, los consejeros Aldo Lema y Jeannette von Wolfersdorff, y el gerente de Estudios, Mario Arend.
En su presentación, Rodríguez dijo que en 2023 se han materializado riesgos que el CFA había advertido, como una menor actividad minera, la caída de precios del cobre y el litio, una reactivación económica débil y mayores presiones de gasto. Así, el déficit fiscal, tanto estructural como efectivo, ha sido revisado al alza, por lo que hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para retomar la consolidación de las finanzas públicas. “Ante esta situación, el Consejo insiste en la importancia de retomar la senda de consolidación fiscal iniciada en 2022, hasta llegar a valores para el Balance Estructural (BE) cercanos a cero en 2027, para lograr estabilizar la deuda pública por debajo del nivel prudente del 45% del PIB”, planteó Rodríguez. Para ello, insistió en que el Gobierno no postergue el mayor esfuerzo fiscal hacia el final de su periodo y que establezca metas de BE para cada año.
En este contexto, detalló que el déficit proyectado para 2023 se debe principalmente a la baja en los ingresos mineros y no mineros. Y, por el lado de los gastos, indicó que han existido presiones al alza debido a los paquetes de medidas de emergencia por fenómenos climáticos, por un mayor gasto en salud y por mayor cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), las cuales serían en parte financiados mediante reasignaciones presupuestarias.
Asimismo, Rodríguez dijo que estos riesgos que había alertado el CFA pueden repetirse en 2024, por lo que el deterioro fiscal podría extenderse en los próximos años. En ese sentido, sostuvo que si bien la deuda bruta en 2023 tendrá un crecimiento leve, preocupa su proyección al alza hasta 2025. Ante esta situación, el CFA hizo un llamado a que los poderes Ejecutivo y Legislativo refuercen el compromiso con la sostenibilidad fiscal.
Riesgos fiscales y deuda pública
El Consejo presentó ante el Congreso 10 materias que podrían afectar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Y señaló que el Ejecutivo debe evaluar sus efectos y tomar medidas para mitigarlos.
Primero, Rodríguez dijo que a nivel internacional persisten los riesgos financieros, con la expectativa de que las políticas monetarias en las economías desarrolladas se mantendrán restrictivas, mientras que economías emergentes empezaron a bajar sus tasas de interés. A ello agregó la incertidumbre por la situación macrofinanciera global, en especial la evolución económica de China, ya que podría afectar los precios de materias primas como el cobre y el litio.
Una tercera materia de riesgo se asocia a la implementación del pacto fiscal propuesto por el Gobierno. Al respecto, el presidente del CFA señaló que el Consejo valora la combinación de políticas para financiar gastos permanentes planteadas en dicho pacto, pero que debe monitorearse que en su implementación exista un calce en montos y en oportunidad entre ingresos y gastos, lo que podría verse afectado, por ejemplo, si la recaudación efectiva resulta inferior a la prevista.
También señaló como una amenaza fiscal los potenciales efectos que podrían resultar de una crisis financiera de las Isapres. Al respecto, recomendó a la Dipres realizar un estudio sobre el impacto en gasto público que significaría un traspaso masivo de afiliados hacia Fonasa, además de definir una estrategia de reasignación de gastos o de generación de ingresos para que ello no afecte el cumplimiento de la regla fiscal.
Asimismo, sostuvo que es riesgoso avanzar en descentralización fiscal sin normas que velen por la sostenibilidad fiscal agregada, incluyendo al Gobierno Central y a los gobiernos subnacionales. Para ello, el Consejo relevó continuar con el análisis del proyecto de ley sobre la materia.
Un sexto factor de riesgo a monitorear identificado por el CFA, es la caída en la producción de Codelco y la incertidumbre sobre su aporte a las arcas fiscales en el mediano y largo plazo. En ese sentido, Rodríguez advirtió que, en un escenario de menores ingresos estructurales de Codelco, el Gobierno deberá ajustar el gasto o buscar fuentes de financiamiento alternativas para cumplir con la convergencia fiscal.
Al listado de riesgos también se suma la incertidumbre sobre cuánto de los ingresos fiscales derivados del litio son permanentes. Sobre esta materia, el CFA valoró que la Dipres haya propuesto una metodología de ajuste prudencial, pero recordó que ella no recoge todas sus sugerencias.
Un octavo riesgo se refiere a las definiciones en materia de institucionalidad fiscal que deben tomarse en el proceso constituyente y aquellas que pudieran incidir en la sostenibilidad fiscal. Entre ellas, el CFA destacó la necesidad de fortalecer la iniciativa presidencial exclusiva en materia de gasto, velar por la sostenibilidad fiscal subnacional, y controlar las presiones de gasto que pudieran surgir desde los Tribunales de Justicia.
El noveno riesgo que ve el Consejo se relaciona con el aumento del endeudamiento público por vías que no se registran contablemente en la deuda bruta del Gobierno Central, como la acumulación de deudas a proveedores, pasivos contingentes y deuda de empresas públicas, sugiriendo que sean monitoreados para evaluar su magnitud.
Por último, Rodríguez advirtió que se debe evitar una disminución de confianza en el buen uso de los recursos públicos, lo que podría incidir en una menor "moral tributaria" que dificulte que el Fisco pueda aumentar su recaudación. “Es importante prevenir que ocurran hechos como el llamado caso convenios, sancionarlos y tomar medidas para que no se repitan”, dijo el presidente del CFA sobre esta materia.
Complementariamente a la identificación de riesgos, el CFA proyectó la deuda pública a largo plazo para un escenario base y dos escenarios alternativos. En el primero, la deuda se ubicaría por debajo del nivel prudente de 45% del PIB, siendo crucial para ello -destaca el CFA- que el Balance Estructural se ubique en 0 del PIB desde 2027 en adelante. Esto, en contraste con el déficit estructural de 0,3% del PIB supuesto por la Dipres en su IFP2T23. “Con un déficit estructural de 0,3% del PIB en el largo plazo se superaría el nivel prudente de deuda, mientras que con un balance equilibrado ello no ocurriría”, alertó el CFA, agregando que esto implica que la Dipres realice un esfuerzo de consolidación adicional.
En tanto, en los escenarios alternativos se superaría el nivel prudente de deuda y los gastos por intereses alcanzarían niveles históricamente altos. Estos escenarios se refieren a: 1) una crisis económica que gatilla una cláusula de escape, sin que exista un adecuado mecanismo de corrección y convergencia fiscal posterior; 2) comprometer de forma permanente la totalidad o parte de los gastos previstos en la propuesta de pacto fiscal, pero con una recaudación permanente efectiva menor.
Finalmente, a raíz de estos desafíos, Rodríguez señaló que el Consejo considera pertinente plantear una reflexión sobre el fortalecimiento institucional del CFA para poder contribuir a enfrentarlos. “Si bien el CFA tiene tareas específicas señaladas en la ley que ha cumplido, su capacidad ha sido insuficiente para enfrentar todos los desafíos emergentes que surgen de su amplio mandato para contribuir con el manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central”, planteó.