Seminario organizado por la OCDE y el CFA: Expertos abordan los beneficios de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal en el marco del proceso para una nueva Constitución
En el encuentro, que abordó materias fiscales que podrían ser consideradas en la nueva carta fundamental, participaron el director del departamento Económico de la OCDE, Álvaro Pereira; la directora del gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos de España, Alejandra Sánchez; la directora de la Dipres del próximo gobierno de Chile, Javiera Martínez; los exministros de Hacienda Nicolás Eyzaguirre e Ignacio Briones y la consejera del CFA Paula Benavides.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) realizaron hoy un seminario sobre “Desafíos fiscales y proceso constituyente en Chile”.
La instancia, que se desarrolló de forma virtual, buscó contribuir al ciclo de discusiones y conversaciones sobre el proceso constituyente, específicamente, en las dimensiones fiscales que podrían ser consideradas en la nueva Constitución. Se produjo en el marco del objetivo trazado por el CFA de relevar la responsabilidad y sostenibilidad fiscal como principios que podrían ser incluidos en la nueva carta fundamental, siguiendo el ejemplo de otros países. Así lo sugirió el organismo el 29 de diciembre de 2021, a través de un informe enviado a la Convención Constitucional1.
El seminario comenzó con un saludo de bienvenida del presidente del CFA, Jorge Desormeaux, quien señaló que “esperamos que esta instancia sirva para identificar mejor los desafíos fiscales que enfrentaremos en los próximos años y su relación con las decisiones que se adopten en el proceso constituyente”.
Le siguió la intervención del director del Departamento Económico de la OCDE, Álvaro Pereira, quien hizo un análisis desde la perspectiva internacional. “Me complace que podamos charlar el día de hoy sobre un tema tan importante como es la sostenibilidad fiscal y las finanzas públicas. En el contexto del Covid-19 y el aumento de los niveles de deuda pública en muchos países del mundo, incluso en Chile, la sostenibilidad de las finanzas públicas se ha convertido en la cuestión clave”, dijo. En ese sentido, Álvaro Pereira agregó que “Chile transita un proceso muy importante”, junto con recalcar que “desde la OCDE consideramos que marcos sólidos de política fiscal son una herramienta importante para promover la responsabilidad fiscal y fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo”.
Por último, Pereira subrayó que los beneficios que se derivan de los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal son múltiples en térmicos de estabilidad económica, de equidad intergeneracional, de progreso de la nación y de bienestar de los chilenos.
Luego de las palabras iniciales de bienvenida, el ciclo de exposiciones lo abrió la consejera del CFA Paula Benavides, quien profundizó en la importancia de los aspectos fiscales para la prosperidad del país. “La sostenibilidad fiscal se entiende como un indicador de solvencia, pero no hace referencia al tamaño del gasto público, ni del Estado, ni tampoco a un carácter austero de este, ni a una limitación de los derechos sociales. Por el contrario, la sostenibilidad fiscal lleva a beneficios importantes en términos macroeconómicos y microeconómicos, que tienen impacto en el bienestar de las familias de las generaciones presentes y futuras”, sostuvo.
En ese sentido, recordó que “el CFA ha recomendado la incorporación de los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal en la nueva Constitución, para que puedan guiar el accionar del gobierno en todos sus niveles”.
Posteriormente, Alejandra Sánchez Yánquez, directora del gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de España, expuso sobre la experiencia de su país en la materia. “Estas reflexiones son imprescindibles a la hora de diseñar y garantizar que el futuro marco de gobernanza fiscal que se va a definir en el país sea suficiente para garantizar esta sostenibilidad, que es relevante para el presente y las generaciones futuras”, dijo.
En específico, Sánchez hizo un análisis sobre el artículo 135 de la Constitución española, el que fue incluido en una reforma realizada en 2011. Según explicó, con esta norma se creó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, y además se estableció que “todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”.
Así, valoró el marco fiscal español que se desarrolló con este artículo en su carta fundamental. “Entendemos que nuestras reglas fiscales han sido buenas, han sido útiles y han cumplido en gran medida los objetivos que se plantearon. Y esto ha permitido mejorar la credibilidad de las cuentas públicas. También ha permitido en el
caso de España, que es un país descentralizado, alinear la política fiscal entre regiones”, finalizó.
Luego, el exministro Hacienda Ignacio Briones ahondó en la idea de que la Constitución debe entenderse como un pacto intergeneracional. Considerando esto, señaló que la Constitución debería interesarse por la justicia intergeneracional, un punto que ya había sido planteado por el CFA en el documento enviado a la Convención. “Que las generaciones futuras tengan las mismas oportunidades de satisfacer sus necesidades que la generación presente, principalmente cuando hay recursos escasos”, comentó Briones.
En ese sentido, aseguró que “el bienestar de la generación actual, incluso por causas que parecen muy justas, no puede ser simplemente al precio de traspasar un costo social neto a la generación de mañana”. A su juicio, “este mismo principio de justicia intergeneracional debiera aplicar para justificar la sostenibilidad fiscal en la Constitución”.
En tanto, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre señaló estar de acuerdo con lo planteado por Benavides y Briones, pero que a nivel de la ciudadanía “el tema de constitucionalizar la política fiscal ofrece resistencias y en palabras de muchos juristas se piensa que constitucionalizar el equilibrio fiscal es algo así como privilegiar el servicio de la deuda por sobre la entrega de derechos sociales”.
Sin embargo, dijo que “la esencia de constitucionalizar la responsabilidad fiscal tiene que ver con la protección de alguien que no se sienta en la mesa, que son las generaciones futuras. Tenemos que ponernos en sus zapatos para proteger sus derechos”.
En ese sentido, detalló que la experiencia más completa de introducir reglas fiscales de rango constitucional es la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión Europea, y entre los principales elementos de este mencionó la regla de deuda y el límite de gasto, lo que cree que debería estar en la Constitución.
El ciclo de exposiciones lo cerró Javiera Martínez, recientemente nombrada como futura directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric.
Martínez, quien encabeza el centro de estudios Rumbo Colectivo, sostuvo que “entramos a esta discusión y nos interesó en particular proponer temas de política fiscal porque consideramos que el concepto de responsabilidad fiscal se había estado atrincherando en los últimos años en la discusión pública y se había estado reduciendo a políticas de austeridad”.
Así, agregó que “creemos que se fue dañando el concepto y la valorización pública sobre responsabilidad o sostenibilidad fiscal, y de manera algo injusta. Tal como se ha señalado en las distintas presentaciones de este panel, efectivamente la responsabilidad y sostenibilidad fiscal es mucho más que austeridad fiscal”.
Para Martínez, la sostenibilidad fiscal debe "ser entendida como un indicador de solvencia intergeneracional y poder aproximarnos así a la discusión".
Las presentaciones realizadas por los expositores pueden encontrarse en el siguiente enlace:
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) realizaron hoy un seminario sobre “Desafíos fiscales y proceso constituyente en Chile”.
La instancia, que se desarrolló de forma virtual, buscó contribuir al ciclo de discusiones y conversaciones sobre el proceso constituyente, específicamente, en las dimensiones fiscales que podrían ser consideradas en la nueva Constitución. Se produjo en el marco del objetivo trazado por el CFA de relevar la responsabilidad y sostenibilidad fiscal como principios que podrían ser incluidos en la nueva carta fundamental, siguiendo el ejemplo de otros países. Así lo sugirió el organismo el 29 de diciembre de 2021, a través de un informe enviado a la Convención Constitucional1.
El seminario comenzó con un saludo de bienvenida del presidente del CFA, Jorge Desormeaux, quien señaló que “esperamos que esta instancia sirva para identificar mejor los desafíos fiscales que enfrentaremos en los próximos años y su relación con las decisiones que se adopten en el proceso constituyente”.
Le siguió la intervención del director del Departamento Económico de la OCDE, Álvaro Pereira, quien hizo un análisis desde la perspectiva internacional. “Me complace que podamos charlar el día de hoy sobre un tema tan importante como es la sostenibilidad fiscal y las finanzas públicas. En el contexto del Covid-19 y el aumento de los niveles de deuda pública en muchos países del mundo, incluso en Chile, la sostenibilidad de las finanzas públicas se ha convertido en la cuestión clave”, dijo. En ese sentido, Álvaro Pereira agregó que “Chile transita un proceso muy importante”, junto con recalcar que “desde la OCDE consideramos que marcos sólidos de política fiscal son una herramienta importante para promover la responsabilidad fiscal y fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo”.
Por último, Pereira subrayó que los beneficios que se derivan de los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal son múltiples en térmicos de estabilidad económica, de equidad intergeneracional, de progreso de la nación y de bienestar de los chilenos.
Luego de las palabras iniciales de bienvenida, el ciclo de exposiciones lo abrió la consejera del CFA Paula Benavides, quien profundizó en la importancia de los aspectos fiscales para la prosperidad del país. “La sostenibilidad fiscal se entiende como un indicador de solvencia, pero no hace referencia al tamaño del gasto público, ni del Estado, ni tampoco a un carácter austero de este, ni a una limitación de los derechos sociales. Por el contrario, la sostenibilidad fiscal lleva a beneficios importantes en términos macroeconómicos y microeconómicos, que tienen impacto en el bienestar de las familias de las generaciones presentes y futuras”, sostuvo.
En ese sentido, recordó que “el CFA ha recomendado la incorporación de los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal en la nueva Constitución, para que puedan guiar el accionar del gobierno en todos sus niveles”.
Posteriormente, Alejandra Sánchez Yánquez, directora del gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de España, expuso sobre la experiencia de su país en la materia. “Estas reflexiones son imprescindibles a la hora de diseñar y garantizar que el futuro marco de gobernanza fiscal que se va a definir en el país sea suficiente para garantizar esta sostenibilidad, que es relevante para el presente y las generaciones futuras”, dijo.
En específico, Sánchez hizo un análisis sobre el artículo 135 de la Constitución española, el que fue incluido en una reforma realizada en 2011. Según explicó, con esta norma se creó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, y además se estableció que “todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”.
Así, valoró el marco fiscal español que se desarrolló con este artículo en su carta fundamental. “Entendemos que nuestras reglas fiscales han sido buenas, han sido útiles y han cumplido en gran medida los objetivos que se plantearon. Y esto ha permitido mejorar la credibilidad de las cuentas públicas. También ha permitido en el
caso de España, que es un país descentralizado, alinear la política fiscal entre regiones”, finalizó.
Luego, el exministro Hacienda Ignacio Briones ahondó en la idea de que la Constitución debe entenderse como un pacto intergeneracional. Considerando esto, señaló que la Constitución debería interesarse por la justicia intergeneracional, un punto que ya había sido planteado por el CFA en el documento enviado a la Convención. “Que las generaciones futuras tengan las mismas oportunidades de satisfacer sus necesidades que la generación presente, principalmente cuando hay recursos escasos”, comentó Briones.
En ese sentido, aseguró que “el bienestar de la generación actual, incluso por causas que parecen muy justas, no puede ser simplemente al precio de traspasar un costo social neto a la generación de mañana”. A su juicio, “este mismo principio de justicia intergeneracional debiera aplicar para justificar la sostenibilidad fiscal en la Constitución”.
En tanto, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre señaló estar de acuerdo con lo planteado por Benavides y Briones, pero que a nivel de la ciudadanía “el tema de constitucionalizar la política fiscal ofrece resistencias y en palabras de muchos juristas se piensa que constitucionalizar el equilibrio fiscal es algo así como privilegiar el servicio de la deuda por sobre la entrega de derechos sociales”.
Sin embargo, dijo que “la esencia de constitucionalizar la responsabilidad fiscal tiene que ver con la protección de alguien que no se sienta en la mesa, que son las generaciones futuras. Tenemos que ponernos en sus zapatos para proteger sus derechos”.
En ese sentido, detalló que la experiencia más completa de introducir reglas fiscales de rango constitucional es la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión Europea, y entre los principales elementos de este mencionó la regla de deuda y el límite de gasto, lo que cree que debería estar en la Constitución.
El ciclo de exposiciones lo cerró Javiera Martínez, recientemente nombrada como futura directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric.
Martínez, quien encabeza el centro de estudios Rumbo Colectivo, sostuvo que “entramos a esta discusión y nos interesó en particular proponer temas de política fiscal porque consideramos que el concepto de responsabilidad fiscal se había estado atrincherando en los últimos años en la discusión pública y se había estado reduciendo a políticas de austeridad”.
Así, agregó que “creemos que se fue dañando el concepto y la valorización pública sobre responsabilidad o sostenibilidad fiscal, y de manera algo injusta. Tal como se ha señalado en las distintas presentaciones de este panel, efectivamente la responsabilidad y sostenibilidad fiscal es mucho más que austeridad fiscal”.
Para Martínez, la sostenibilidad fiscal debe "ser entendida como un indicador de solvencia intergeneracional y poder aproximarnos así a la discusión".
Las presentaciones realizadas por los expositores pueden encontrarse en el siguiente enlace.