Nuevas indicaciones del Ejecutivo por PGU: CFA destaca retiro del uso del Fondo de Reserva de Pensiones y nuevas fuentes de financiamiento, pero insiste en algunas de sus prevenciones
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) revisó el nuevo plan de financiamiento para la iniciativa legal y realizó una presentación ante la Comisión de Hacienda del Senado.
El Presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Desormeaux, expuso hoy ante la Comisión de Hacienda del Senado el análisis del organismo sobre el financiamiento y el gasto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que busca establecer el gobierno.
La presentación fue requerida por la comisión presidida por la senadora Ximena Rincón, en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley que reduce o elimina exenciones tributarias.
En su intervención, el CFA revisó el nuevo plan de financiamiento para la iniciativa legal, que ingresó ayer el Ministerio de Hacienda mediante una serie de indicaciones. En específico, mediante tales indicaciones se realizaron ajustes en las fuentes de financiamiento y en los gastos que se presentaron originalmente.
Según las estimaciones detalladas en el Informe Financiero N°13 de la Dirección de Presupuestos, del 18 de enero de 2022, se generará un mayor gasto fiscal que en régimen alcanzaría a 0,02% del PIB hacia 2050. Este, se suma a los mayores gastos del proyecto de ley original, los que contemplan 0,96% del PIB en 2050. Además, de acuerdo a las estimaciones de recaudación de Hacienda, las nuevas fuentes de financiamiento por concepto de modificaciones tributarias se traducen en mayores ingresos anuales por 0,32% del PIB en régimen, que se suman a los mayores ingresos del proyecto de ley original de exenciones (0,35% del PIB).
En base a estos cambios, el presidente del CFA destacó que el gobierno re:rara el financiamiento derivado de la reducción de los aportes al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), de 0,1% del PIB. Esta fue una de las recomendaciones realizada por el Consejo en un informe enviado a la Comisión de Hacienda del Senado el 6 de enero, en línea con el mandato del organismo de contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central.
Asimismo, Desormeaux sostuvo ante el Congreso que "la reducción y eliminación de exenciones tributarias corresponden a nuevos ingresos permanentes”. Además, destacó el hecho de que los ingresos para financiar la PGU estén creciendo 0,2% del PIB en términos netos en régimen, planteando que eso significa que el déficit estructural experimentaría una reducción equivalente hacia 2026.
Sin embargo, el Consejo reiteró lo sugerido en el informe del 6 de enero, en el sen:do de: (i) buscar fórmulas legislativas para que la entrada en vigencia de las medidas que aumentan los beneficios en pensiones coincida temporalmente con la implementación de los cambios tributarios; (ii) que se realice un análisis de sostenibilidad de largo plazo de las fuentes de financiamiento; (iii) extender el horizonte temporal de proyecciones a cincuenta años, incorporando distintos escenarios, hipótesis de reajuste y análisis de incertidumbre; (iv) elaborar un estudio actuarial sobre la sostenibilidad del Fondo de Reserva de Pensiones; y (v) explicitar el monto exacto de las provisiones que se utlizarían como fuentes de financiamiento.
Luego de la presentación realizada por Desormeaux, también intervinieron el vicepresidente del CFA, Jorge Rodríguez, y la consejera Paula Benavides para complementar la exposición.
Rodríguez aclaró, entre otras cosas, que “las proyecciones con las que trabaja el Consejo, tanto de gasto como de ingresos, son aquellas que elabora el Ministerio de Hacienda, dado que el CFA, por ahora, no cuenta con acceso a información de base ni con la capacidad de elaborar proyecciones propias”, mientras que Benavides recalcó la necesidad de contar con un estudio actuarial sobre la sostenibilidad del Fondo de Reserva de Pensiones.